“Da la
impresión que aquí se ha mentido a la gente, al anunciar leyes que supuestamente aportarán a una
efectiva descentralización, cuando en la
realidad no es así”, dijo el Consejero
Pablo Prieto.
Como una contradicción inexplicable calificó el Consejero Regional,
Pablo Prieto Lorca, el rechazo al proyecto de ley sobre fortalecimiento de las
regiones o descentralización, que en la actualidad se discute en la comisión de
Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, ya que reduce y limita de manera muy
acentuada las atribuciones de los consejos regionales.
Lo anterior, en virtud que varias de las normas fundamentales del
proyecto, que eventualmente busca
profundizar la regionalización van en la dirección opuesta y en lugar de
traspasar competencias a las regiones, solo vienen a fortalecer el centralismo.
“Ciertamente que es una situación llamativa, que mientras el
Gobierno a propalado la intención de fortalecer
y dar mayor autonomía a las regiones potenciando un verdadera y efectiva
descentralización, sea el parlamento el
que siembre la incertidumbre respecto de las atribuciones de los
Consejeros Regionales que somos electos
por votación popular”, señaló el Consejero
Prieto.
Agregó, que da la impresión que aquí se ha mentido a la gente, al
anunciar leyes que supuestamente aportarán a una efectiva descentralización,
cuando en la realidad no es así.
“Si esta situación se va a repetir con la elección de Intendentes,
mejor que no se haga nada y que todo siga tal como está. De lo contrario sería solo pirotecnia
e intenciones camufladas de mostrar un mayor poder de las regiones, lo
que en estricto rigor no es real ya que
la autoridad electa no tendrá mayores atribuciones y poder de decisión, como
nos está sucediendo a los Consejeros”, dijo Prieto.
En ese sentido, el Consejero Regional se manifestó totalmente de
acuerdo con la decisión adoptada en la
última sesión del Core, en términos de suspender la tramitación de algunos
ítems que se encontraban en tabla, lo
cual se retomará una vez que se plantee el tema de la disminución de
atribuciones a las autoridades de Gobierno.
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