Seremi de Desarrollo
Social, Juan Eduardo Prieto, señaló que 520 empresas maulinas deberán acogerse
a la normativa, la cual establece que empresas e instituciones públicas con
cien o más trabajadores contraten un 1% de personas con discapacidad.
Hasta la
Fábrica de Accesorios y Muebles de Oficina (Faymo) de Talca llegó el seremi de
Desarrollo Social, Juan Eduardo Prieto, junto a su par de Trabajo, Pilar Sazo,
y la directora de Senadis, Carla Matteo, para dar a conocer que desde el 1 de abril
ya está en marcha la esperada Ley de Inclusión Laboral.
Las autoridad
aprovecharon la instancia para hacer un llamado tanto a la empresa públicas
como instituciones privadas a aprovechar la oportunidad de mejorar el ambiente
trabajo con el aporte de personas en situación de discapacidad, tal como sucede
en Faymo, donde trabajan ocho personas en dicha condición.
La Ley de Inclusión
Laboral tiene por objetivo asegurar la igualdad de oportunidades e inclusión,
tanto en el ámbito público como privado a través de una reserva legal de
empleo, que llega al 1% para las empresas con cien o más trabajadores. Además,
elimina la discriminación salarial que existe respecto de los empleados con
discapacidad mental, entre otras medidas.
El seremi Prieto
señaló que “como Gobierno creemos firmemente en la construcción de una sociedad
inclusiva, que valore la diversidad y dé espacio para el desarrollo de las
potencialidades de todas las personas. Tenemos una estimación de 520 empresas
que deberán acogerse a esta normativa en la región, donde contamos con 155 mil
personas en situación de discapacidad. El llamado es a las empresas e
instituciones públicas a que vean esta iniciativa como una oportunidad. Acá en
Faymo hemos visto que trabajan con total normalidad, mejorando el clima laboral
y con un enorme compromiso”.
Por su parte, la
seremi del Trabajo añadió que “hoy tenemos una reglamentación que hace efectiva
la igualdad de oportunidades. Realizaremos una inspección colaborativa junto a
la Inspección del Trabajo, donde acompañaremos a las empresas para que
implementen la normativa de la mejor forma posible”.
Durante la visita a la
fábrica, las autoridades se reunieron con los dueños de la fábrica, para
posteriormente recorrer los puestos de trabajo de las ocho personas en situación
de discapacidad que forman parte de las 140 personas que trabajan en el lugar.
Al respecto, el
gerente de Finanzas y Administración de Faymo, Andrés Díaz, indicó que “es una
oportunidad para la empresa y los trabajadores el generar este tipo de alianzas
y ha sido tremendamente exitosa. Nos enorgullece ser ejemplo para el país e
invitamos al resto de las empresas a que nos consulten porque son un aporte
como cualquier otra persona”.
LA LEY
La Ley de Inclusión
Laboral propone un 1% de cuota laboral para personas en situación de
discapacidad en organismos del Estado (civil y militar) y empresas que tengan
cien o más trabajadores.
Además, consagra el
principio de no discriminación en el Estatuto Administrativo, prohibiendo
explícitamente todo acto de discriminación que se traduzca en exclusiones
basadas en motivos de discapacidad y deroga el artículo N° 16 de la Ley N°
18.600 que señala que “el contrato de trabajo que celebre una persona con
discapacidad mental, podrá estipularse una remuneración libremente convenida
entre las partes, no aplicándose a este respecto las normas sobre ingreso
mínimo”.
La Dirección Nacional
del Servicio Civil y Senadis serán los responsables de velar por su
cumplimiento en el caso del sector público, y la Dirección del Trabajo y el
Servicio de Impuestos Internos en el caso de las empresas privadas.
Mientras que los
Ministerios de Desarrollo Social y del Trabajo evaluarán la ley cada cuatro
años (tres en una primera instancia), teniendo en cuenta la naturaleza
cambiante del mercado laboral y la necesidad de ir adecuando el sistema de
inclusión.
Cabe consignar que en
el sector privado hay más de 7 mil 600 empresas que cumplen con el requisito de
tener cien o más empleados, por lo que se podrían habilitar más de 25 mil cupos
laborales para personas con discapacidad. En el caso del sector público, hay
158 instituciones que podrían habilitar 2 mil 500 puestos de empleo.
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