El gobierno llamó a la conformación de una comisión de
“expertos” que planteen modificaciones a la actual encuesta. Mientras, las
autoridades de las comunas populares reaccionan con duros términos frente a
estos “supuestos” casos.
En la actualidad la Ficha de Protección Social (FPS),
instrumento que tiene como objetivo identificar y priorizar con mayor precisión
a la población más vulnerable del país y que al año deriva en beneficios por
4.600 millones de dólares, ha saltado nuevamente a la palestra por denuncias de
falsificación de datos. Esta vez se constataron 52.512 casos de
irregularidades, de un universo de tres millones 893 mil 541. Así lo explicó el
ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, quien planteó que estos reportes
falsos se produjeron en un período de transición desde la antigua ficha CAS a
la nueva FPS, que se creó en 2011, que tendría cruces de información entre las
reparticiones, lo que dificultarán la entrega de datos.
Las irregularidades se dividen en cuatro categorías:
subdeclaraciones de ingresos; composición familiar (personas que dicen vivir sin
su cónyuge); problemas de salud (personas que aseguran tener algún problema de
discapacidad) y subdeclaraciones en el nivel de educación.
Las magnitudes son diferentes. En algunos casos una
persona que tiene cuarto medio afirma tener sólo octavo básico: "Pero en
aquellos casos en que la diferencia entre lo que nos dice la ficha y lo que nos
dice el ministerio es muy notoria, por lo menos 10 años de diferencia, los
estamos poniendo en una especie de luz roja. De esos llevamos cuatro mil
casos", agregó Lavín.
Éstos han sido derivados a las secretarías regionales
ministeriales (seremis) respectivas, de manera que evalúen si ameritan ser
denunciados al Juzgado de Policía Local. Ahí deben descartar que se trate de
errores de digitación de los datos. Los casos que han llegado a esta instancia
legal son 800.
Los siguientes cruces de información previstos son con el
ministerio de Salud, para detectar falsos discapacitados, y el Servicio de
Impuestos Internos. Además, hay un equipo de 80 fiscalizadores en terreno que
van a ser enviados aleatoriamente a diferentes comunas.
Denuncias online
A los cruces con el Mineduc se suman las denuncias que se
han formulado a través del sitio web del ministerio de Desarrollo Social, hasta
donde han llegado 512 denuncias de irregularidades cometidas por otras
personas. Éstas corresponden en 36% a subdeclaraciones de ingresos.
A ellas se agrega el 27% de casos sobre composición
familiar y 26% de acusaciones de entrega de información falsa sobre situaciones
de salud. El 11% de casos restante corresponden a subdeclaraciones en
educación.
Hasta la fecha se han entregado 40 mil fichas nuevas y se
pretende volver a encuestar a dos millones de familias este año. La meta para
el recambio total al nuevo sistema es 2013.
¿Qué dicen las comunas?
Las declaraciones de Joaquín Lavín causaron repercusiones
en las comunas del sector norte y sur de nuestro país. El alcalde de La Granja,
Claudio Arriagada, conversó con Cambio21 y señaló que la denuncia del ministro
es un mero intento de desviar la atención por sobre los casos de quienes
quedaron fuera de los programas sociales del gobierno a causa de la FPS.
"No creo en esa denuncia, el ministro no ha sido enfático en ningún
momento. Debería señalar detalladamente los casos y, si fuera así, habría un
error de ellos por no haber fiscalizado dicha encuesta", enfatizó.
El alcalde de San Miguel, Julio Palestro, en tanto,
señaló que "no sé a qué casos específicos se refiere el ministro Lavín,
aquí por lo menos no ha llegado ningún informe de fraudes".
"Yo creo que el tema de fondo es que ahora a le
gente se le paralizaron todos los beneficios que podían obtener con la ficha
que existía anteriormente. Yo vengo escuchando hace más de dos años de que van
a cambiar el formato de esa encuesta, pero hasta ahora no ha pasado nada",
opinó.
Por otro parte, los profesionales del Programa Puente en
San Bernardo indican que es cierto que mucha gente miente sobre sus condiciones
socioeconómicas al responder la Ficha de Protección Social. Según ellos, la
manipulación de los datos tomó fuerza desde 2007, no sólo por el cambio de la
ficha CAS, sino porque ese año comenzó a verse más nítidamente el sistema de
protección de Bachelet, con pensiones para dueñas de casa, pensiones
complementarias, capacitación laboral para jefas de hogar y subsidios
preferentes, entre otros beneficios. La gente veía que algunos de sus vecinos
los obtenían y se pasaban el dato para responder la FPS.
"Antes, cuando uno iba a visitar las casas, las
señoras escondían el refrigerador. Ahora esconden al marido", dice Isabel
Gálvez, encargada del programa Puente en San Bernardo.
Virginia Garrigó, directora de Desarrollo Comunal de Puente
Alto, cree que las fichas se podría focalizar mejor si Mideplan y Fosis dieran
más autonomía a los municipios para crear planes sociales y hacer un
seguimiento a las familias antes de seleccionarlas: "Conocemos mejor que
nadie la realidad territorial", enfatiza.
El gobierno estudia implementar cambios en la FPS, aunque
el principal problema que ven los profesionales de los municipios no es la
desfocalización, porque es tan amplia la franja de hogares vulnerables que son
marginales los casos en que se beneficia gente que no los necesita.
"En Puente Alto tenemos dividida la comuna en seis
sectores. Donde están las poblaciones El Volcán tenemos 4.600 familias que
cumplen con puntaje para ingresar al Programa Puente, pero en toda la comuna
contamos con 800 cupos", explica Virginia Garrigó.
Falsos pobres
Para postular a planes de salud, a una vivienda social,
obtener la subvención escolar preferencial, becas universitarias o subsidio al
agua potable, se debe presentar la FPS. Este instrumento ya no es una simple
encuesta, sino que es la que define y articula la política social y es, según
los pobladores organizados en la Federación Nacional de Pobladores (Fenapo), la
punta de lanza para esconder la pobreza.
Algunos lugares donde se han detectado irregularidades en
la FPS son La Cisterna, Negrete, Valparaíso, Arica, La Calera, Concepción,
Puerto Montt, Punta Arenas, Puerto Natales y Cañete.
Por ejemplo, la ex administradora municipal de Negrete
está acusada de levantar una casa de $10 millones falseando sus años de estudio
y disminuyendo su $1,5 millón de remuneración. En Valparaíso, una vendedora
ambulante dijo tener segundo básico para obtener un subsidio, cuando en
realidad tenía cuarto medio.
En La Calera, el concejal Lautaro Correa aseguró en el
año 2010 que "los vecinos me han denunciado que los encuestadores cobran
$5 mil por poner menos condiciones en la ficha".
Más al sur, en Concepción, el mismo año la concejala
Alejandra Smith pidió investigar la entrega de viviendas y la "posible
adulteración de fichas de protección social, antes y durante el proceso de
selección de los beneficiados".
En tres días, el consejero regional Karim Bianchi recibió
más de 1.500 reclamos en Punta Arenas y Puerto Natales. "Personas que
tenían cambios de puntajes abruptos, sin cambio en las condiciones del hogar;
toma de datos para la ficha con lápiz mina y una persona que al hacer la ficha
vendía joyas. La gente alegaba que tenía puntaje alto a pesar de que compró
joyas o que creía tener problemas por no haber comprado", explicó Bianchi.
La vendedora fue despedida y la Contraloría estudiará el caso.
En Cañete, una empresaria de la zona indicó un ingreso
mínimo y una discapacidad que no existe. En Chiguayante se habrían detectado al
menos 29 casos de personas minusválidas que no lo son.
¿Quién explica esto?
Silvia Bendel tiene 4 hijos, vive con su pareja actual y
la familia de dos de sus hijos (parejas e hijos pequeños), además de una hija
con discapacidad. Ellos viven de allegados en un sitio de las hermanas de la
pareja de la mujer, en una casa para estas tres familias. Cada una dispone de
una pieza donde debe dormir la pareja y sus hijos. Uno de los hijos tiene tres
niños y no caben todos en la pieza, por lo que el mayor, de 8 años, debe dormir
en otra casa. Es por eso que no se explica los 11.800 puntos que arbitrariamente
le designaron y que la dejan fuera de acceder a ciertos beneficios. Comenta que
antes tenía un poco más de 7.000 puntos. Un día fue a revisar su puntaje y se
encontró con la sorpresa que había sido actualizado, sin haber sido
reencuestada.
Vecinos del comité de allegados Pobladores en Lucha
Concepción relatan que ellos viven en una toma de terreno en situación de
hacinamiento y no se explican cómo sus puntajes alcanzan a 4 mil puntos, lo que
les impide optar a una vivienda propia. Pidieron explicaciones en la
municipalidad y allá les dijeron que donde ellos vivían era un sitio
residencial, lo que automáticamente sube los puntajes. "Para nosotros esto
es un absurdo, no puede ser, ya que nosotros aquí no tenemos nada, es una toma
de terreno, vivimos todos hacinados y con el constante riesgo de quedar en la
calle porque existen amenazas de remate del sitio", comenta una vecina.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
la ficha de proteccion social es otro fraude iyual que el censo viene a tu casa a censarte y ni siquiera te piden una identificacion uno puede mentir en elnombre y ellos escriven no mas por eso no me pienso censar
ResponderEliminar