Una de las razones que explicaría la alta abstención que se
produjo en las pasadas elecciones municipales, se relaciona con el desencanto
que tienen las personas respecto de la influencia que tienen en el ámbito
político, ya sea a nivel local o regional.
Esta baja sintonía con la administración pública intentó ser
superada con la promulgación de la Ley 20.500 de Participación Ciudadana. Sin
embargo, en muchos municipios, este articulado se transforma en letra muerta.
Así lo constató un estudio realizado por Ciudad Viva y
Santiago Cómo Vamos, que reveló que “al menos 70 municipios del país, caen en
la ilegalidad al no cumplir con la ley que promueve la participación ciudadana
en la gestión pública municipal”.
Si bien, este estudio se realizó a nivel nacional, en la
Región Metropolitana caen en la negra,
Cerro Navia, La Florida, San Bernardo, Quinta Normal y Las Condes, comunas que
ni siquiera cumplirían con los mínimos exigidos por la normativa, afirma la
investigación.
En la otra cara de la moneda están Maipú, La Pintana y
Peñalolén con un alto grado de cumplimiento a la legislación.
Por lo mismo, este miércoles organizaciones civiles
solicitaron a Contraloría que fiscalice el cumplimiento de esta ley.
“Hay dos leyes fundamentales hoy para garantizar los
derechos de los ciudadanos. Una de ellas es la de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y la otra, la de Participación. La Ley de Transparencia
tiene un ente de control que es el Consejo para la Transparencia, pero
lamentablemente la ley de Participación Ciudadana no contempla un organismo que
monitoree cómo se está cumpliendo la normativa y es por eso que hemos pedido a
la Contraloría que ejerza ese rol”, explicó el autor del estudio, Tomás Marín de
Ciudad Viva.
Por su parte, Nicolas Facuse, secretario ejecutivo de Acción
Ciudadana, indicó que la petición a Contraloría se funda en la necesidad de
seguir dotando a la población de herramientas de participación real.
“La Contraloría emitió un dictamen en que hubo varios puntos
en que nos concedió lo que habíamos manifestado, entonces por eso hoy venimos a
apoyar esta presentación porque creemos que la participación ciudadana, en este
momento de desarrollo político de nuestro país, es muy relevante. Además
tenemos que saber utilizar un instrumento legal que todavía no está
correctamente aplicada como esta ley”, dijo Facuse.
Las organizaciones ciudadanas también han promovido el voto
programático, donde los candidatos se comprometieron a implementar un programa
que incluso fue inscrito ante notario.
En las últimas elecciones municipales resultaron electos
cuatro alcaldes que firmaron ese compromiso, Josefina Errázuriz en Providencia, Carolina Tohá en Santiago,
Gonzalo Durán en Independencia y Daniel Jadue en Recoleta.
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