AGENCIAS.- Este
jueves comienza a regir el nuevo reglamento sobre contratos de créditos, donde
se señala la "Manifestación Expresa de la Aceptación del Consumidor".
La medida es celebrada por los bancos, pero las organizaciones de consumidores
la rechazan categóricamente, culpando al Gobierno de haber hecho un traje a la
medida para las instituciones financieras, tras el escándalo de los cobros
unilaterales registrados en años anteriores.
Si bien la normativa
pretende que los consumidores tengan la seguridad de que sus contratos de
tarjetas de créditos no serán cambiados unilateralmente por las instituciones
financieras, se plantea que, en caso que el consumidor no acepte la
modificación a su contrato, los bancos tendrán la facultad de poner término al
contrato, previo aviso de 30 días de anticipación.
Esta es la manzana
de la discordia, pues este último punto no es aceptado por la Corporación
Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Fundación Chile Ciudadano,
Consumidores del Sur y los Formadores de Organizaciones Juveniles de
Consumidores y Consumidoras (Fojucc).
ASOCIACIÓN DE BANCOS
En la Asociación de
Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) quedaron satisfechos con la
iniciativa. El presidente de la entidad, Jorge Awad, valoró positivamente la
entrada en vigencia del reglamento, ya que "la banca está trabajando
activamente para transformar la nueva normativa de consentimiento expreso en un
mejor servicio al cliente, que sea de fácil acceso y que cumpla los estándares
de seguridad con los que siempre ha operado la industria".
"Todo esto va
en línea con el actual esquema de libertad de precios, evitando los contratos
perpetuos, y a la vez garantizando la libertad del consumidor para
elegir", sostuvo el dirigente.
CONSUMIDORES
Sin embargo, las
organizaciones de consumidores tienen otra lectura. Hernán Calderón, presidente
de Conadecus, asegura que las nuevas reglas consagrarán el abuso de los bancos
hacia los clientes: “Es un verdadero chantaje al consumidor, ya que de no
aceptar la propuesta que le hace el proveedor, el proveedor queda con la
facultad para darle término al contrato, la ley del garrote”.
Richard Caamaño,
presidente de Consumidores del Sur, indica que el reglamento "es un abuso
mas de la banca avalado por el Gobierno y que los consumidores deben rechazar
de plano".
La medida tampoco es
aprobada por la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), donde su
presidente Stefan Larenas, señala que el Ministerio de Economía no respetó la
ley al elaborar este reglamento, pues con ellos los bancos podrán subir
comisiones y, si el consumidor no lo aprueba, le podrán terminar el contrato.
"El ministerio
quiere pasarnos gato por liebre. Este es un reglamento hecho a la medida del
retail, (grandes tiendas y supermercado), y la banca para sus comisiones",
afirma.
HARBOE
Ante esta situación,
el senador electo Felipe Harboe (PPD), presentará un recurso judicial
"para impugnar la legalidad de esta resolución considerando que está
violando un artículo del Código Civil que establece que los contratos
legalmente celebrados constituyen una ley para las partes y no pueden ser alterados
de manera unilateral".
El actual diputado
señala que es inaceptable que se cierre el contrato si el consumidor no acepta
cambios en los contratos, pues no se clarifica qué sucede si la persona tiene
una deuda pendiente, por un crédito hipotecario o de consumo.
La idea del
legislador y de los consumidores es que exista una normativa que sea tramitada
en el Congreso y no un acto administrativo, ya que sostienen que el tema es más
complejo.
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