“Estamos mejorando los grados, especialmente los más bajos, y
agregando dignidad a los trabajadores de los municipios”, expresó el
Subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes,
Tras aprobar por unanimidad las indicaciones presentadas por el
Ejecutivo, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó y despachó
el proyecto de ley que modifica las plantas municipales y entrega nuevas
atribuciones a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE). De esta
manera, la iniciativa quedó en condiciones de ser votada el próximo martes 8 de
marzo por la sala.
Sobre el particular, el subsecretario Ricardo Cifuentes, dijo
que este proyecto tiene dos objetivos. Por un lado, hacer justicia y dignificar
a los funcionarios municipales que se encuentran hoy en una posición
desventajosa respecto al resto de las personas que se desempeñan en el sector
público, a pesar de que cumplen funciones similares.
“Además, -señaló la autoridad- buscamos la profesionalización de
los gobiernos comunales, que lo entendemos como el mejoramiento de las
capacidades técnica de las municipalidades, de tal forma que estos puedan
ofrecer un mejor servicio a los vecinos”.
“Por eso estamos mejorando los grados, especialmente los más
bajos, y agregar dignidad a los trabajadores de los municipios”, expresó.
El segundo objetivo del proyecto –indicó el subsecretario
Cifuentes- es descentralizar, “ya que durante la dictadura los municipios
perdieron la facultad de fijar sus plantas de funcionarios, lo que es un
despropósito, ya que son corporaciones autónomas, por lo que es absurdo que sea
el Presidente de la República quien tenga esa atribución de manera exclusiva”,
afirmó.
En este sentido, el titular de la SUBDERE explicó que este
proyecto lo que hace es devolver esta facultad a los alcaldes, quienes podrán
comenzar a ejercerla a partir del 1 de enero de 2018.
Por último, el subsecretario destacó que la iniciativa también
incluye criterios de responsabilidad fiscal, para que los municipios no se
excedan en el gasto de personal, así como también normas de probidad,
transparencia y estabilidad funcionaria.
Por su parte, el integrante de la Comisión de Hacienda, diputado
Pablo Lorenzini (DC), indicó que se trata de un proyecto que permite saldar una
deuda con el sector municipal y que es urgente aprobar.
No obstante que reconoció que quedaron algunas materias
pendientes, manifestó que es posible más adelante, cuando no existan
restricciones presupuestarias como las que se han anunciado recientemente,
volver a tratar esos temas.
En todo caso, el diputado Lorenzini enfatizó que el proyecto
claramente es un avance e informó que posiblemente la sala lo va a ver la
próxima semana, tras lo cual deberá ser visto por el Senado para que se
pronuncie sobre los cambios hechos en la Cámara.
“Yo espero que pueda convertirse en ley no más allá del mes de
abril próximo”, concluyó el parlamentario.
Cabe destacar que el proyecto que modifica las plantas
municipales, entre otras disposiciones, plantea lo siguientes aspectos:
- Modifica las plantas de funcionarios municipales por primera vez en más de veinte años. Además, descentraliza esta facultad, que hoy es exclusiva del Presidente de la República, y la deja en manos del alcalde, con el debido respaldo del Concejo Municipal.
- Consagra un incremento de grados focalizado en los trabajadores de menor grado dentro del escalafón municipal.
- Concede por primera vez una asignación profesional, lo que permite avanzar en la homologación de los funcionarios municipales respecto de los trabajadores de la administración central, lo que va a beneficiar a más de 8.500 profesionales.
- Permite el paso de funcionario a contrata a planta y de funcionarios que están bajo el régimen de honorarios a contrata.
- Establece un aporte fiscal extraordinario para el año 2016 de 32 mil millones de pesos y para el año 2017 de 36 mil millones de pesos. A partir del año 2018 el aporte fiscal al Fondo Común Municipal (FCM) aumenta de 218 mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM), a un millón 52 mil UTM, es decir, desde 2018 se cuadruplica el aporte del Estado al FCM.
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