Normativa establece
que organismos públicos y privados con cien o más trabajadores deberán
contratar –al menos- un 1% de personas con discapacidad.
Hasta la
tienda curicana Multihogar llegó la gobernadora Macarena Pons, junto al seremi
de Desarrollo Social, Juan Eduardo Prieto, y su par de Trabajo, Pilar Sazo,
para dar a conocer la puesta en marcha de la nueva Ley de Inclusión Laboral.
Las autoridades fueron
recibidas por el gerente de la empresa, Benjamín González, quien les presentó
el caso de Héctor Riquelme, persona con discapacidad que trabaja desde hace
cinco años en el área de despacho del local.
La Ley de Inclusión
Laboral tiene por objetivo asegurar la igualdad de oportunidades e inclusión,
tanto en el ámbito público como privado a través de una reserva legal de
empleo, que llega al 1% para las empresas con cien o más trabajadores. Además,
elimina la discriminación salarial que existe respecto de los empleados con
discapacidad mental, entre otras medidas.
“Es una ley
maravillosa porque le da oportunidades a todos en igualdad de condiciones. Este
es el primer paso e invitamos a todos los empresarios de la provincia a que nos
abran su corazón. Como Gobernación estamos aplicando la norma, pese a que solo
somos 23 profesionales, y la experiencia ha sido sumamente positiva”, señaló la
gobernadora Pons.
Mientras que el seremi
Prieto agregó que “felicitamos este tipo de iniciativas, ya que si bien esta
ley está comenzando, ya lleva varios años empleando a personas en situación de
discapacidad. Es un ejemplo a seguir para la provincia y la región, donde
tenemos 520 empresas que deberán acogerse a esta normativa en el Maule”.
LA LEY
La Ley de Inclusión
Laboral propone un 1% de cuota laboral para personas en situación de
discapacidad en organismos del Estado (civil y militar) y empresas que tengan
cien o más trabajadores.
Además, consagra el
principio de no discriminación en el Estatuto Administrativo, prohibiendo
explícitamente todo acto de discriminación que se traduzca en exclusiones
basadas en motivos de discapacidad y deroga el artículo N° 16 de la Ley N°
18.600 que señala que “el contrato de trabajo que celebre una persona con
discapacidad mental, podrá estipularse una remuneración libremente convenida
entre las partes, no aplicándose a este respecto las normas sobre ingreso
mínimo”.
La Dirección Nacional
del Servicio Civil y Senadis serán los responsables de velar por su
cumplimiento en el caso del sector público, y la Dirección del Trabajo y el
Servicio de Impuestos Internos en el caso de las empresas privadas.
Mientras que los
Ministerios de Desarrollo Social y del Trabajo evaluarán la ley cada cuatro
años (tres en una primera instancia), teniendo en cuenta la naturaleza
cambiante del mercado laboral y la necesidad de ir adecuando el sistema de
inclusión.
Cabe consignar que en
el sector privado hay más de 7 mil 600 empresas que cumplen con el requisito de
tener cien o más empleados, por lo que se podrían habilitar más de 25 mil cupos
laborales para personas con discapacidad. En el caso del sector público, hay
158 instituciones que podrían habilitar 2 mil 500 puestos de empleo.
Tras el encuentro,
Héctor Riquelme señaló que “en la tienda me han acogido súper bien y como soy,
sin discriminación ni rechazo. Estoy agradecido y hago un llamado al resto a
que le den la oportunidad a las personas en situación de discapacidad, que no
le cierren las puertas”.
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