Acompañados por directivos de la Mesa de Oposición, los ediles Sixto González, Hernán Astaburuaga y Juan Carlos Figueroa solicitaron al tribunal hacerse parte en los alegatos del recurso de protección que interpuso el jefe comunal.
Su rechazo al recurso de protección presentado por el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, solicitaron los concejales Sixto González (PC), Hernán Astaburuaga (PS) y Juan Carlos Figueroa (DC) a la Corte de Apelaciones de la capital maulina.
Díaz interpuso la acción legal el pasado 22 de diciembre, con el propósito de inhibir la resolución de la Contraloría, que sugiere a los ediles abrir un proceso de remoción ante el Tribunal Electoral Regional (TER).
“No existe ninguna afectación a los derechos fundamentales del alcalde por el hecho de que la Contraloría recomiende a los concejales iniciar un juicio de destitución. (Un fallo desfavorable) sería una derrota jurídica y política para el alcalde, en atención a que legitimaría aún más a los concejales que pudiesen recurrir al tribunal electoral regional”, dijo el abogado patrocinante del escrito entregado por los ediles, Gabriel Osorio.
El abogado explicó, asimismo, que el jefe comunal acudió a la justicia fuera de plazo, toda vez que por ley, disponía de treinta días para impugnar la decisión de Contraloría, fechada el pasado 16 de octubre.
“Es un acto desesperado del alcalde por evitar que se cumpla el dictamen de Contraloría (…). Si él hubiese seguido siendo administrador municipal, ellos hubiesen podido iniciar un sumario y él estaría fuera de la municipalidad”, señaló Astaburuaga.
El pasado 2 de diciembre, el concejal PS firmó un poder notarial para tramitar la petición de remoción del alcalde frente al TER, junto a González y Figueroa. La solicitud no contó con el apoyo de su par Victor Inzulza (IND-PR), quedando sin quorum para llegar a puerto.
“El alcalde quiere llevar a otras instancias una situación que se tiene que zanjar por las vías que están establecidas en la Constitución y no puede desconocer la autoridad que tiene la Contraloría. Esperamos ganar y sepultar esta intención que tiene el alcalde por mantener la impunidad frente a actos que están absolutamente demostrados”, afirmó González.
En el documento ingresado a la corte con el número 3479-2018, el jefe comunal sostiene sentir una “amenaza a mi derecho fundamental a la igual protección de la ley en el ejercicio de mis derechos, toda vez que se pretende seguir un juzgamiento en mi contra por una comisión especial”.
“Es un hecho insólito por parte del alcalde. No entiendo cómo una persona que ha sido empleado municipal por más de veinte años desconoce a un organismo tan importante como la Contraloría. Al hacernos parte, la intención también es hacerle saber a nuestros colegas concejales que están equivocados, que están muy mal asesorados y que ojalá repongan su decisión, que va contra la ciudadanía y contra el mandato que el pueblo les dio”, indicó Figueroa.
Tanto el edil DC como sus pares, han llamado al resto de concejales a cumplir su rol fiscalizador. “Independiente del color político, los concejales deben hacerse cargo de las faltas a la probidad del alcalde y reaccionar en pos de una política limpia, donde le dejen claro a la ciudadanía que la corrupción no corresponde”, aseveró el vocero de la Mesa Comunal de Oposición, Gonzalo Parada, quien acompañó a los ediles a los tribunales.
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