Por el delito de falsificación de certificados de estudio
para obtención de licencia de conducir fue formalizado hoy el profesor de
Romeral Julio Gabriel Muñoz Corvalán, de 63 años de edad. Ayer el docente fue
detenido bajo orden judicial luego que las indagaciones efectuadas por la
Fiscalía en coordinación con la PDI en el marco de una denuncia efectuada por
el Alcalde de Romeral, permitieran identificarlo como quien emitía estos
documentos.
Hoy se realizó la audiencia pública en el Juzgado de
Garantía de Curicó donde el Fiscal Jefe Miguel Gajardo dio a conocer los
antecedentes que hasta el momento constan en la carpeta investigativa, como por
ejemplo que se logró establecer que el imputado ha emitido dichos certificados
falsos desde el año 2007 a la fecha.
“Se estableció por el momento por parte de la PDI que
habrían alrededor de 58 a 60 certificados falsos que habría otorgado esta
persona en base a antecedentes que él tenía en su calidad de profesor e
inspector general del establecimiento. Esto le permitió entonces confeccionar
estos documentos y a través de timbres falsos, colocar la firma dando cuenta de
personas que habrían emitido el certificado, lo cual no es efectivo”, señaló el
fiscal Miguel Gajardo.
Los falsos certificados daban cuenta de octavo año básico
rendido en tres establecimientos: la Escuela El Guindo de Curepto, Liceo
Gonzalo Correa o Liceo Alejandro Rojas Sierra, estos dos últimos de Hualañé.
Precisó el fiscal Gajardo que según la versión del
imputado Muñoz Corvalán, dichos documentos los extendió con la finalidad de
ayudar a personas que requerían de licencia de conducir para conseguir trabajo
y que en ningún caso los vendía. Estos certificados eran presentados por los
interesados en el Departamento de Tránsito de Romeral.
El imputado tiene irreprochable conducta anterior y hasta
el momento ha colaborado con la investigación, por lo cual la Fiscalía solicitó
a tribunal que le impusiera medidas cautelares obligatorias de firma quincenal,
arraigo nacional y prohibición de tomar contacto con cualquiera de los
involucrados. El tribunal fijó cinco meses de plazo para investigar.
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