SANTIAGO, LA
NACION.CL.- Más de $255 millones deberán pagar los altos ejecutivos
involucrados en el denominado caso Colusión de Farmacias. La Fiscalía Centro
Norte investigó los delitos reiterados de alteración fraudulenta de precios de
medicamentos, llevada a cabo por las cadenas Farmacias Ahumada, Cruz Verde y
Salcobrand, entre diciembre de 2007 y abril de 2008.
El pago corresponde a una suspensión condicional del
procedimiento aplicada a las personas que trabajan en las empresas que tuvieron
alguna participación en la manipulación en el precio de los fármacos. En
algunos casos vieron aumentado su valor hasta en un 134%.
Esta suspensión establece que cada gerente general deberá
cancelar a organizaciones sin fines de lucro, la suma de $45 millones, y cada
gerente de área, $30 millones, mientras que los funcionarios de otros cargos no
gerenciales deberán pagar $15 millones cada uno.
Las organizaciones beneficiarias de las donaciones son la
Corporación contra el Cáncer, Coaniquem, Cruz Roja y la Liga contra la Epilepsia.
Asimismo, los imputados deberán asistir a programas de
capacitación sobre ética empresarial, buenas prácticas de gobierno corporativo
o responsabilidad social de la empresa, entre otras medidas complementarias.
Los imputados son Sergio Purcell y Ricardo Ewertz, de Fasa;
Ricardo Valdivia y Cristián Catalán, de Cruz Verde, y Roberto Belloni, Ramón
Ávila, Claudia Carmona, Judith Carreño y Mehilin Velásquez, de Salcobrand. A
este grupo se suma el gerente general de Laboratorio Medipharm, Mario Zemelman.
FISCAL: “ACTUAL
LEGISLACIÓN ES INSUFICIENTE”
Tras aprobarse la resolución este lunes en el 7° Juzgado de
Garantía de la capital, el Fiscal Regional Centro Norte, Andrés Montes,
manifestó que “constituye un hito muy importante que tiene dos aspectos muy
relevantes. Por una parte, los imputados de este grave delito se han
comprometido a desarrollar conductas preventivas en las respectivas empresas en
orden a evitar acciones de colusión que perjudican gravemente a los ciudadanos
y a los consumidores. Y por otra parte, se han aprobado condiciones que
implican que los imputados deben reparar a la sociedad chilena por los delitos
cometidos”.
Montes agregó que le interesa dejar “muy claro que la
legislación que hoy existe en Chile es insuficiente para hacerse cargo de la
colusión como fenómeno delictivo que afecta a todos los chilenos. El día de hoy
incluso el tribunal ha dejado claramente
establecido que la pena en un juicio podría haber llegado a los 21 días y
obviamente sin ningún tipo de privación de libertad. Eso es insuficiente. Este
delito es grave y debe ser sancionado drásticamente”.
Precisamente, en su resolución el juez Cristián Sánchez, que aprobó la suspensión condicional
del procedimiento, manifestó que las condiciones son “idóneas a las penas que
hipotéticamente se le pudieran aplicar a los imputados”.
A su juicio, con los pagos que deberán realizar a las
corporaciones sin fines de lucro, “los intereses colectivos de la comunidad se
van a encontrar satisfechos”.
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