Un nuevo régimen legal para ordenar y racionalizar el
despliegue y uso infraestructura soporte de antenas celulares en las ciudades,
empezará a regir en Chile desde esta semana con la entrada en vigencia de la
Ley de Torres que regula con mayores exigencias urbanísticas y de participación
ciudadana la instalación de estas estructuras.
Tras una década de debate, este año fue aprobada por
amplia mayoría la nueva Ley en el Congreso Nacional y tras la aprobación del
Tribunal Constitucional, fue promulgada por el Presidente Sebastián Piñera.
Los Ministros de Transportes y Telecomunicaciones, Pedro
Pablo Errázuriz, y de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez Mackenna, destacaron
que la normativa reduce el impacto urbanístico de estas infraestructuras, abre
espacios de participación ciudadana a nivel local de forma previa a la entrega
de los permisos municipales y cautela de forma preventiva la salud de las
personas fijando un límite para las emisiones radioeléctricas que ubica a Chile
entre los cinco países más estrictos de la OCDE.
El Ministro Pérez Mackenna resaltó que esta Ley “entrega
por fin facultades reales a los Municipios para intervenir en los procesos de
instalación de torres en su territorio comunal, porque estas obras requerirán
premiso previo de las Direcciones de Obras de cada comuna. Además, de los
estudios técnicos y una serie de obligaciones urbanísticas que deberán cumplir
e informar las empresas a los municipios y vecinos, se abre un inédito espacio
de participación ciudadana para que los propietarios de inmuebles cercanos
tengan un rol clave a la hora de definir qué medidas de mitigación o
compensación acompañarán cada proyecto de instalación de torres”.
Por su parte, el Ministro Errázuriz indicó que “además de
proteger el paisaje urbano y la plusvalía de los barrios, la nueva ley se hace
cargo de lo más importante: la salud de las personas de forma precautoria como
recomienda la Organización Mundial de la Salud, fijando límites estrictos a las
potencias de las antenas. Chile está marcando pauta en este sentido y nos hemos
puesto entre los países más exigentes del mundo en este sentido. De esta forma,
se armoniza el respeto al entorno urbano y calidad de vida de los vecinos, con
el indispensable despliegue de infraestructura para servicios de
telecomunicaciones que demandan los usuarios y que necesita el país”.
Entre los aspectos más relevantes de la nueva ley están
los incentivos y opciones que entrega a las empresas para usar soportes de
menor altura, menos invasivos, con diseños acordes al paisaje urbano o para
usar infraestructura de terceros ya existentes en las ciudades, evitando los
bosques de antenas.
En esta línea, el Subsecretario de Telecomunicaciones,
Jorge Atton, resaltó que la nueva ley apunta hacia un nuevo modelo en las
telecomunicaciones, el de la compartición de infraestructura, que responde a
una lógica de racionalidad económica. “Con la evolución tecnológica que ya
existe y se está usando en los países avanzados de la OCDE, Chile puede tener
los niveles de cobertura y calidad de servicio que necesita el país para
su desarrollo, compartiendo la
infraestructura, gastando menos recursos en fierro y cemento, bajando los
costos e invirtiendo más en conectividad avanzada de forma más distribuida en
las ciudades, que es lo que se necesita hoy para responder a los usuarios. Las
torres grandes son del pasado. Esta tendencia se está expandiendo entre los
principales operadores mundiales y en Chile anticipamos este cambio tecnológico
en la nueva Ley”.
En este nuevo escenario, la autorización para iniciar las
obras de instalación de una torre soporte de antenas -de más de 3 metros de
altura- en un sector urbano de la comuna, es responsabilidad de la
Municipalidad respectiva a través de su Dirección de Obras Municipales, la cual
estará encargada de recibir las obras finalizadas y verificar que las
estructuras físicas cumplen con el proyecto autorizado y las normas
establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Adicionalmente, la Ley entrega plazos a las empresas para
ajustar sus antiguas torres ubicadas en territorios saturados y zonas sensibles
a la nueva normativa, proceso que debe ser informado a cada Municipio y será
fiscalizado por las Direcciones de Obras de cada comuna.
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