Isabel Margarita Garcés, Gobernadora de Curicó, junto a Intendente regional firmó querella ante el tribunal de garantía de Molina

El Intendente Regional Rodrigo Galilea, junto a la Gobernadora de la provincia de Curicó, Isabel Margarita Garcés se hicieron presentes en el Tribunal de Garantía de Molina, con la finalidad de interponer una querella criminal, por el presunto delito de “Trafico de migrantes”, del cual estarían siendo víctimas ciudadanos de nacionalidad boliviana, quienes fueron contratados, sin la correspondiente documentación para efectuar trabajos en la cordillera.

Hace algunos días, tras diligencias de la Policía de Investigaciones, e iniciada la respectiva investigación por parte del Ministerio Publico, se conoció de la situación por la que cruza más de medio centenar de bolivianos, quienes aparentemente fueron contratados para realizar trabajos eléctricos en la cordillera de Molina, sin embargo, sin contar con la documentación necesaria para permanecer en territorio nacional.

Ante este panorama Rodrigo Galilea, junto a Isabel Margarita Garcés, representando al Gobierno, tras profundizar en los pormenores de la situación de estos extranjeros iniciaron las acciones legales criminales, contra la representante legal de la empresa que gestionó la presencia de los bolivianos en la zona, no cumpliendo presumiblemente con temas de internación, estadía, y contractuales.

“De acuerdo de las denuncias que se han establecido en los últimos días, hemos detectado algún numero de ciudadanos bolivianos que están trabajando en nuestro país en condiciones de ilegalidad, y además muchos de ellos han sido contactados en Bolivia para traerlos acá, con lo que se podría materializar eventualmente la figura penal, de trata ilícita de personas”, explicó el intendente regional.

Sostuvo la autoridad regional que “lo que queremos, en primer lugar, es perseguir responsabilidades en caso que exista el delito de trata ilícita de personas, que es algo que no podemos permitir, y por otro lado, estamos preocupados que los derechos laborales de estos ciudadanos bolivianos sean respetados, y que todo lo que efectivamente decían los contratos, sea cumplido”, añadió Galilea.

Lo anterior fue complementado por Isabel Margarita Garcés, quien señaló que el Ministerio del Trabajo se ha sumado a las indagaciones, con la finalidad de resguardar los derechos laborales de estos trabajadores. “Se está trabajando en varios frentes, desde el punto de la investigación, teniendo todo esto como objetivo, el resguardar el estado y derechos de estos ciudadanos extranjeros”, afirmó.

Precisó la Gobernadora que se está revisando el caso de cada uno los bolivianos, victimas de esta situación. “Esto porque algunos de ellos tienen su documentación en regla; otros la tienen vencida y pudiera extendérseles; y otros no la tienen, mientras que en forma paralela estamos viendo la responsabilidad en cuanto a presuntas faltas a la ley penal, y la norma laboral que pudiera poseer la empresa subcontratista”.           

Garcés tras interponer esta querella, por presunto trafico de migrantes, denominado también trata ilícita de personas, recibió en gobernación a uno de los cónsules de Bolivia en Chile, Fernando Calderón, a quien explicó “que lo principal, es que la ley se cumpla por parte de la empresa, la norma laboral sea respetada, y que los hermanos bolivianos en estén bien, para lo cual estamos tomando las acciones que correspondan”, puntualizó. 

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